Presupuesto 2017: Gobierno ya acepta recortar superpoderes por Rubén Rabanal

Sólo resta que Alfonso Prat Gay vuelva de Gran Bretaña para que el Gobierno defina la letra final del proyecto de Presupuesto Nacional 2017 y entré así en recta final su presentación ante la Cámara de Diputados. Será el primer Presupuesto nacional propio de Mauricio Macri ya que la ley para 2016 fue una creación integra de Cristina de Kirchner y de Axel Kicillof que el kirchnerismo se preocupó de votar antes de la transmisión del mando presidencial y ahora el Gobierno modifica a través de decretos. No es el único cambio que se espera.

Ese proyecto de Presupuesto nacional llegará al Congreso con algunas confirmaciones, sobre todo en las proyecciones macreconómicas que sirven de base para el cálculo del Presupuesto. Así, la inflación promedio se proyectará en un 17%, una baja que el Gobierno promocionó desde la semana pasada, el dólar de enero a diciembre en $18 y un crecimiento de la economía trepando al 3,5 %.

Fuera de los números, el debate del Presupuesto 2017 llegará con cambios históricos, por lo menos en el control del manejo de los fondos públicos que hace el Poder Ejecutivo.

Tras una exigencia concreta de la oposición, el Gobierno aceptó discutir algunos de los superpoderes para manejar el gasto que se fueron incluyendo en los tres últimos gobiernos. Sólo resta definir si esa limitación se incluirá directamente en el proyecto de Presupuesto 2017 o el debate se iniciará en el Congreso.

En síntesis: la cuestión es que se trata de dar marcha atrás con la reforma al artículo 37 de Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control que Cristina de Kirchner impulso en 2006 como senadora para su esposo presidente.

En esa reforma se habilitó esencialmente un cambio que siempre fue considerado peligroso. Hasta ese momento la Ley de Administración Financiera prohibía que el Poder Ejecutivo ejecutara partidas destinadas a gasto de capital para financiar gasto corriente. Es decir, por ejemplo, destinar fondos para obra pública, hospitales o educación al pago de sueldos y cubrir así un déficit. Esas operación, vía delegación de facultades, puede ser realizada por una simple resolución de la jefatura de Gabinete. El segundo punto que se flexibilizó en ese momento es más complejo aún: se habilitó a través de DNU la suba en el monto total de gasto anual del Estado, una prerrogativa de los Congresos en cualquier democracia del mundo. En la Argentina llegó a modificarse el presupuesto por DNU de más de $200 mil millones, ajustando así el dibujo presupuestario a la realidad. Pero la regla mundial es que siempre es necesaria una ley para hacerlo. En la Ciudad de Buenos Aires una norma similar estableció que el Ejecutivo local sólo podía modificar el 5 % de las partidas del Presupuesto y sobre esa base es que se comenzará ahora a negociar para el Presupuesto Nacional.