A los mimos les respondieron con misiles
El vicecanciller Foradori citó al embajador británico para una “enérgica protesta” por los ejercicios militares que realizarán en Malvinas entre el 19 y el 26 de octubre, que incluirán el uso de misiles. Desde la oposición criticaron la política exterior de Macri.
› Por Fernando Cibeira
El vicecanciller birtánico Alan Duncan y la canciller Susana Malcorra el mes pasado, cuando firmaron el acuerdo.
Imagen: AFP.
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La onda paz y amor que el gobierno de Mauricio Macri parecía querer instalar a toda costa en la relación con el Reino Unido sufrió ayer un interruptus. La cancillería que encabeza Susana Malcorra se vio obligada a citar al embajador británico para entregarle una “enérgica protesta” por la realización de ejercicios militares en las Malvinas, que incluirán el lanzamiento de misiles. “El accionar del Reino Unido se contradice con el principio de solución pacífica de las controversias”, consideró ayer, tal vez sorprendida, la Cancillería. En verdad, desde hace tiempo que las fuerzas militares que el Reino Unido tiene acantonadas allí desde el fin de la guerra de 1982 realizan estos ejercicios. Incluso, Argentina llevó el caso hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el Gobierno se desayunó del asunto ayer con el alerta que envió el Servicio de Hidrografía Naval, que en tono didáctico les advirtió que “las fuerzas militares inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de las islas Malvinas han notificado que realizarán un ejercicio de armas que incluye el lanzamiento de misiles”.
El entredicho se produce a un mes del ya célebre comunicado conjunto de ambas cancillerías en la que acordaban avanzar en diez puntos. Además del ítem “Atlántico Sur” en el que se comprometían a “remover todos los obstáculos” que limitan el crecimiento económico de las Malvinas –que obligó a Malcorra y al vicecanciller Carlos Foradori a dar explicaciones en el Congreso–, el comunicado también incluía un capítulo referido a “Seguridad Internacional y Defensa”. En este otro punto acordaban que “para enfrentar las amenazas a la paz y seguridad internacionales se requiere una cooperación más estrecha”. Lo llamativo del asunto es que posiblemente la mayor amenaza a la paz que tiene Argentina –y la zona del Atlántico Sur– es la base de Mount Pleasant, donde el Reino Unido mantiene unos dos mil militares en forma permanente, casi la misma población civil que tienen las islas.
Durante años los gobiernos kirchneristas protestaron por los ejercicios militares ingleses y en 2012 el canciller Héctor Timerman denunció ante las Naciones Unidos al gobierno británico por el supuesto uso de armas nucleares. La denuncia incluyó un detalle de las instalaciones y el equipamiento de la base, desproporcionada para su propósito. El gobierno consideró que, en verdad, el objetivo militar se extendía a un control de toda la región y del acceso a la Antártida. Pese las protestas, en marzo pasado, el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, evaluó que el persistente reclamo argentino constituía una amenaza y se pondría en marcha un plan para incrementar aún más las defensas de las islas.
El presidente Mauricio Macri y la canciller Malcorra pasaron por alto estos antecedentes y siguieron adelante con su política de acercamiento que incluyó una reunión con el ex premier David Cameron y un intercambio de cartas con la actual, Theresa May, donde ni se mencionó el asunto. La primera decepción la tuvieron cuando el Reino Unido no sólo no apoyo sino que vetó la candidatura de Malcorra para la secretaría general de las Naciones Unidas. Y ayer, peor, se encontraron con el “radioaviso náutico” que realiza el Servicio de Hidrografía para dar alertas a los buques que navegan por aguas argentinas.
El parte proporcionó las coordenadas del área donde se realizarán los ejercicios y dejó de lado la terminología técnica para subrayar que “es parte del territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido”. Según el informe, los ejercicios se realizarán entre el 19 y el 26 de octubre e incluirán el lanzamiento de los característicos misiles Rapier que utilizan las fuerzas armadas británicas.
Con la canciller acompañando a Macri en Roma, donde hoy verá al papa Francisco, fue el vicecanciller Foradori quien citó al embajador británico Mark Kent para una “formal y enérgica protesta” por los ejercicios, adelantando que, de realizarse, serán puestos en conocimiento del secretariado de las Naciones Unidas. Y –lo que le venía reclamando la oposición– la Cancillería incluyó en la protesta las resoluciones de la ONU que instan al inicio de negociaciones por la soberanía de las islas, así como el deber de abstenerse de realizar actos unilaterales en el territorio en disputa. También sumó los reiterados apoyos que los países de la región han brindado al reclamo argentino en los diferentes organismos internacionales.
La cuenta de Twitter semioficial de los kelpers –Falkland Islands– se burló. “Argentina es como esas celosas ex que no pueden aceptar los hechos. Seguí, nena, no te queremos”, escribieron. En tanto, desde todos los bloques legislativos del Congreso argentino expresaron su rechazo a los ejercicios militares británicos. El jefe del bloque radical, Mario Negri, apoyó la decisión de la Cancillería de citar al embajador Kent y adelantó que propiciaría una declaración conjunta de la Cámara baja contra las maniobras del Reino Unido. Desde el bloque PJ-FpV que preside Héctor Recalde reclamaron un pronunciamiento urgente de Macri y Malcorra y aseguraron que la política oficial respecto a Malvinas “ha rozado lo bochornoso”. El ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y diputado del Parlasur, Daniel Filmus, consideró que “con esta nueva acción unilateral lo único que muestran los británicos es su voluntad de utilizar las islas como una base militar estratégica en el Atlántico Sur, que ha sido definido como zona de paz”. Tampoco se privó de marcar que “estas actitudes británicas muestran la fragilidad de la política exterior del gobierno de Macri respecto de la soberanía en Malvinas”.
http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311841-2016-10-15.html
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