En los últimos años, la inteligencia artificial ha irrumpido en casi todos los ámbitos de la vida humana. Redacta textos, traduce idiomas, crea imágenes, dicta clases, sugiere diagnósticos médicos e incluso —cada vez con mayor frecuencia— intenta responder consultas legales. Muchos usuarios ya le preguntan a ChatGPT o a otros sistemas de IA cómo redactar un contrato, cómo presentar una demanda o qué dice una determinada ley. Pero hay algo que conviene recordar: ChatGPT no podrá ser tu abogado.
La ilusión del asesoramiento automático
La inteligencia artificial puede simular con precisión el lenguaje jurídico, reproducir estructuras argumentativas y hasta citar normas o fallos. Sin embargo, la práctica del derecho no consiste sólo en saber las leyes, sino en interpretarlas, ponderar hechos, aplicar criterios éticos y asumir responsabilidades.
Un abogado no es un repetidor de códigos: es un profesional habilitado por el Estado, que actúa dentro de un marco ético y normativo, responde ante sus clientes y puede ser sancionado por sus errores. ChatGPT, en cambio, no tiene matrícula profesional, no asume responsabilidad alguna y carece de la capacidad moral y jurídica para representar a una persona ante un tribunal o una autoridad administrativa.
Los límites jurídicos y éticos
Desde la óptica legal, en la mayoría de los países —incluida la Argentina— la representación judicial requiere título habilitante y matrícula otorgada por el colegio profesional correspondiente. La intervención de quien no esté autorizado constituye ejercicio ilegal de la profesión, sancionado por el derecho penal y las normas deontológicas.
La IA puede ofrecer información, pero no puede ejercer el derecho. No puede firmar escritos, asumir representación, garantizar confidencialidad profesional ni ofrecer patrocinio jurídico real. Incluso la información que brinda puede contener errores, interpretaciones desactualizadas o sesgos provenientes de sus fuentes de entrenamiento.
Por eso, la tentación de usar ChatGPT como “abogado gratuito” o “asesor exprés” puede derivar en consecuencias graves: pérdida de plazos judiciales, presentación de documentos inválidos o vulneración de derechos.
El derecho a la información, no al reemplazo
Esto no significa que la inteligencia artificial deba ser excluida del mundo jurídico. Al contrario: su valor como herramienta complementaria es incuestionable. Puede ayudar a ordenar información, redactar borradores, traducir documentos o explicar conceptos de manera sencilla.
Pero el salto de la información a la defensa jurídica implica algo más profundo: la presencia humana, la empatía, el juicio ético y la responsabilidad profesional. Ningún algoritmo puede ofrecer eso.
Un futuro de cooperación, no de sustitución
En los próximos años veremos una integración creciente entre abogados e inteligencia artificial. Los profesionales que aprendan a usar estas herramientas con criterio crítico y ético estarán mejor preparados para el nuevo escenario. Pero eso no transformará a la IA en abogado, ni convertirá al abogado en una máquina.
El derecho, en su esencia, sigue siendo un espacio de humanidad: donde alguien escucha, interpreta, aconseja y defiende a otro.
Por eso, mientras la inteligencia artificial avanza, el abogado sigue siendo insustituible.
Y ChatGPT, por más que sepa redactar un alegato perfecto, no podrá ser tu abogado.
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